Por Amada Sánchez y Samael C. Soza
Contexto Social
El problema de la tierra no deja de ser vigente en América Latina desde tiempo atrás. A inicios de esta década, la tenencia de tierra y la repartición inequitativa del ingreso económico en los hogares, encabezaban las estadísticas como principales problemáticas dentro de las comunidades rurales en nuestro continente, así lo certifica el Estudio Tenencia de la tierra: compartiendo información y experiencias para la sostenibilidad (Organización de los Estados Americanos (OEA), 2005).
Este dilema tiene un carácter multidimensional porque conjuga aspectos sociales, económicos, jurídicos y políticos que muchas veces son pasados por alto, pero que deben tenerse en cuenta para el desarrollo sostenible de cualquier nación, debido a que la tierra no sólo es un bien productivo, sino que tiene un valor simbólico en la vida, asociado a la identidad y herencia cultural, así como el poder y toma de decisiones.
En Latinoamérica, existen grandes desigualdades entre hombres y mujeres; socialmente se ha determinado que cada individuo tiene que desempeñar roles y adquirir estereotipos que definan su comportamiento según su condición sexual. En palabras de Torres (2009), investigadora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Rimisp: “A pesar del papel fundamental de las mujeres en la agricultura y la economía campesina, han estado excluidas de sus derechos a la propiedad y acceso a la tierra por motivos legales, culturales y estructurales” (El blog de la Red de prensa Rural), lo que conduce a una pérdida de ingresos y alimentos de calidad.
Alrededor de cinco décadas han transcurrido desde que acontecieron los primeros brotes de reformas agrarias en América y sus detonantes permanecen iguales: pobreza rural y éxodo hacia las ciudades. Como precisa el consultor Van Dam (1990) en el documento especialmente preparado para la iniciativa Global Tierra, Territorios y Derechos de Acceso: “Cuando todo parecía indicar que el ‘problema de la tierra’, ese antiguo nudo gordiano de la cuestión agraria que alimentó la vida política y social de América Latina, era una reliquia del pasado, hoy asoma nuevamente como tema de debate” (p.1), porque las injusticias dentro de la sociedad rural se ven en el estancamiento de la producción agropecuaria, lo cual tiene como valor agregado una rampante perdida del capital natural.
A la fase de reformas agrarias, le sigue una serie de políticas de fomento a los mercados de tierras, proyectos de titulación y registro. Sin embargo, a como expresa Torres (2009): “Si bien se menciona como uno de los grandes logros de la experiencia agraria latinoamericana la titulación de tierras a parejas, esta concepción no ha podido romper con la vinculación de la mujer a la unidad doméstica” (El blog de la Red Prensa Rural), y al entendido de relaciones armónicas que priorizan la colectividad al interno de la misma.
La tenencia de la tierra en el continente americano se ha caracterizado, desde tiempos coloniales, por la agrupación de la propiedad en un reducido número de haciendas agrícolas que tienen la mayor y mejor parte del territorio. Aunque en la actualidad, las iniciativas puestas en marcha en torno al acceso de las mujeres a la tierra estuvieron enlazadas a los variados foros internacionales sobre la mujer, por ejemplo: La Plataforma de Beijing, donde se puntualizó sobre la labor de los gobiernos de emprender reformas legislativas y administrativas para dar a las mujeres acceso pleno y equitativo a los recursos económicos, éstas todavía tienen que superar prácticas institucionales y culturales que las limitan.
De lo anterior partiremos para desvelar los contextos de Nicaragua, en los cuales la tenencia de la tierra constituyó un motivo de preocupación, y a pesar de ello, las reformas que se han hecho siguen excluyendo a este segmento vulnerable.
Situación del País
En esta parte de la narración damos un preámbulo de cómo se ha desarrollado, en nuestro país, la tenencia de la tierra. Para dicho fin, consultamos el libro Historia de Nicaragua de Frances Kinloch Tijerino, el cual nos proporcionó la bibliografía que se presenta al final del documento. De igual manera, evocamos algunas leyes de la constitución política y nos apoyamos del Diagnóstico Rápido sobre el Acceso a la Tierra de la Mujeres Organizadas en FEMUPROCAN (Federación Agropecuaria de Cooperativas de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua, (FEMUPROCAN), 2008) y de la Radiografía actual del problema de la tierra en Nicaragua (Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global (FIDEG), 2006), que soportan el siguiente análisis histórico.
A inicios del Siglo XV, los españoles introdujeron el principio de propiedad privada, a través de los derechos que el Rey de España concedió sobre miles de caballerías a los peninsulares, españoles residentes en Nicaragua, quienes establecieron una explotación de tipo esclavista conocida tradicionalmente como encomienda. En contraposición, la presencia británica en la costa caribeña de nuestro país, incluyó una jerarquía de autoridades en la sociedad misquita, que hasta entonces se había distinguido por una forma de organización igualitaria.
Para el año 1821, los patrimonios estaban concentrados en un núcleo de grandes comerciantes criollos, hijos de españoles nacidos en Nicaragua, quienes propugnaban la necesidad de limitar y distribuir la propiedad según un documento emitido por el Virreinato de Guatemala. Sin embargo, la legislación subsiguiente puso en marcha un amplio conjunto de reformas, entre ellas: El reordenamiento bajo el principio de desarrollar la propiedad privada sin tocar las tierras comunales o pertenecientes a la Iglesia Católica.
En el período de 1831 a 1838 hubo conflictos en las estructuras sociales, conformadas por comerciantes y sectores urbanos ilustrados, que contrariaban las confiscaciones de propiedad. Esta circunstancia fue superada entre las décadas de 1857 a 1870, donde se veía al patrimonio terrenal como una hacienda familiar, es decir, que se miraban desde la perspectiva de latifundios heredados por los tiempos de Colonia. La principal función de la tierra era servir de respaldo para la ubicación social de sus propietarios; en la medida en que se era dueño de más parcelas, la posición social era más importante.
A finales del siglo XVIII el Presidente Pedro Joaquín Chamorro, promulgó la Ley Agraria que atentaba contra las propiedades de los campesinos, esto ocasionó en 1881, la conflagración indígena contra el gobierno. No obstante, en 1888 el panorama comienza a variar en muchos aspectos; la propiedad se convierte en un elemento de alto valor económico, por tanto, se crean los registros de propiedad y se proclaman leyes para organizar el reparto de tierras, donde las mujeres permanecen relegadas a causa del sistema patriarcal que se consolidaba en la sociedad nicaragüense.
Espere la segunda entrega de esta investigación
